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21 de septiembre de 2015

Autoridades visitaron colegios de la provincia que pasarán a ser gratuitos el 2016.

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Como positivo y un aporte a sus proyectos educativos, calificaron los  encargados de colegios particulares subvencionados de la provincia de Quillota, el proceso a través del cual pasaran a ser gratuitos a partir del 2016.

El gobernador provincial César Barra, junto al director provincial de Educación Mauricio Ávila, han sostenido encuentro con los sostenedores y directores de parte de los 20 establecimientos de la provincia que ingresarán a la gratuidad, beneficiando a más de 9 mil 200 alumnos de Quillota, Nogales, La Cruz y La Calera.

“Esto da cuenta de un compromiso de la Presidenta y por cierto de lo que significa la reforma educacional que es generar igualdad de oportunidades en el acceso. No podemos discriminar  a alguien por el bolsillo. Ahora estamos dándole mejores oportunidades a las familias, fortaleciendo el proyecto educativo, porque da viabilidad económica, la concentración de la gestión del colegio no está en el cobro sino en la calidad de la educación por lo tanto claramente la gratuidad aborda una realidad que es la vulnerabilidad de sus alumnos, un descanso presupuesto del colegio como también de las familias”, dijo el gobernador Barra.

“El ingreso a la gratuidad les va a permitir a los colegios liberar el copago a las familias, lo cual produce un bienestar dentro de la estructura familiar, y ellos tienen la inyección de recursos frescos por parte del ministerio, con lo cual los establecimientos van a tener mayor liquidez para generar mejoramiento de su proyecto educativo, del trabajo con los estudiantes, del recurso humano,  favorecer el proceso de profesores, generar condiciones que garanticen una calidad de enseñanza”, explicó  Mauricio Ávila, director provincial de Educación.

Testimonios

Las autoridades provinciales visitaron los colegios Diego Echeverría de Quillota y Teresa Brown de Ariztía en La Calera, donde se reunieron con sus autoridades y conocieron las experiencias de ambos establecimientos, cuyas autoridades destacaron el proceso de gratuidad, explicando que les permitirá desarrollar sus respectivos proyectos educativos.

“Vamos a tener un comportamiento de mayor tranquilidad con nuestros apoderados. Fundamentalmente al recibir mayores recursos vamos a poder inyectar estos recursos en la mayor calidad que podamos entregar a nuestros alumnos, fundamentalmente a los más vulnerables que es lo que alguna forma pretendemos hacer con nuestro proyecto educativo”.

“Nosotros tenemos un alto índice vulnerabilidad del 84 por ciento. La buena noticia que ingresemos a la gratuidad nos permite también trabajar juntos con el Ministerio de Educación para poder proporcionar una educación valórica, y también de buenos aprendizajes, es una oportunidad  para nosotros”, explicó Liliana Mayorga, directora colegio Teresa Brown.

En la provincia de Quillota los establecimientos que pasan a gratuidad son,  en la comuna de Quillota: Colegio Cristiano, San Luis, Liceo Santiago Escuti, Liceo Agrícola, Valle de Quillota, Liceo Comercial y Diego Echeverría Castro.

En La Cruz el Liceo Técnico Agrícola Obispo Rafael Lira Infante y el  Liceo San Isidro

En Nogales el Liceo particular Felipe Cortés, el Liceo Agrícola Christa Mock y la escuela de párvulos Clarito de Sol.

En tanto en La Calera ingresarán a esta modalidad el colegio Teresa Brown de Ariztía, colegio Adventista, escuela de párvulos Nenita, colegio Becarb 2, colegio particular nº 46 Becarb, colegio Antumapu, jardín infantil Burbujitas        y el parvulario Happy Children.

A nivel nacional  hay 739 establecimientos particulares subvencionados que van a pasar a gratuidad en el 2016, beneficiando a 228.481 familias que a partir de marzo del próximo año educarán a sus hijos en los mismos colegios pero sin pagar.

La ley de inclusión escolar tiene como objetivo mejorar la calidad de la educación, garantizando que todos los recursos que se entregan a los colegios que reciben aportes del Estado se utilicen efectivamente con ese fin.

Además, prohíbe la discriminación arbitraria en los procesos de admisión y entrega un fondo para la recuperación y fortalecimiento de la educación pública de $250 mil millones anuales, por cuatro años.